El pasado 4 y 5 de abril se celebraron en la Escuela Julián Besteiro de Madrid las jornadas «El Papel de los Archivos en la Defensa de los Derechos Humanos y La Memoria Histórica» organizadas por la Fundación 1º de Mayo, la Fundación Francisco Largo Caballero, la Plataforma Comisión de la Verdad y ANABAD.

La conferencia inaugural la realizó Federico Mayor Zaragoza (Presidente de la Fundación Cultura de Paz) que trazó una defensa de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como núcleo del desarrollo fraternal de la humanidad y que definió el papel de los archivos como «pieza angular» para que, en los casos de los Estados que vulneran los derechos humanos, los activistas, juristas, víctimas e historiadores anulen la impunidad de los responsables de la represión.  La imprescindible labor del archivero en el tratamiento documental fue resaltada para estos casos cuyo fin, tras un proceso político y judicial basado en el trinomio Memoria, Verdad y Justicia, es integrarse en el Sistema Nacional de Archivos correspondiente (caso de Brasil) después de ser tratados,  posibilidad seguida por muchos países, en instituciones temporales ad hoc. Un marco jurídico garantista con las víctimas y los ciudadanos de acceso a la información y una sólida ética profesional son, así mismo, dos factores imprescindibles para consolidar los derechos ciudadanos .Se destacó el caso español dónde aún gran parte de los archivos relacionados con la actividad de la dictadura franquista permanecen clasificados por orden del Estado o en fundaciones privadas.

Por otro lado, Tobías Wunschik  (Agencia del Delegado Federal para los Documentos de la Stasi) explicó que Alemania es el único estado que gestiona archivos de dos dictaduras diferentes. Así mismo, expuso que la institución que custodia y trata los documentos de la Stati cuenta con un personal de 1200 profesionales (dos tercios mujeres) cuyo presupuesto asciende a 90 millones de euros anuales y que recibe 70.000 peticiones de revisiones de expedientes anuales.

Juristas como José Antonio Martín Pallín o Carlos Jiménez Villarejo; historiadores como Ángel del Río Sánchez (Universidad Pablo de Olavide), docentes como Pedro López Gómez (Universidad de A Coruña) y víctimas de la dictadura franquista como Luis Pérez Lara (Asociación de Expresos y Represaliados del Franquismo), entre otros, participaron en las jornadas.

A continuación, reproducimos las conclusiones finales:

A) La Transparencia.

1ª    Consideramos que los sujetos del Derecho de Acceso a la información son los ciudadanos y principalmente en su condición de víctimas. Al estar en vigencia la Ley de Transparencia en España, independiente de los procesos y tiempos de aplicación que  implica, el acceso se convierte en una obligación del Estado, es decir, el acceso no es una consideración es una OBLIGACIÓN del Estado para con sus ciudadanos.

2ª    Consideramos que la Ley de Transparencia, sin un Reglamento de Acceso a los documentos, no servirá de mucho. Por otra parte, dos años de “vacatio legis” nos parece un tiempo excesivo para que entre en vigor.

3ª    Contrarrestar desde los Archivos y con la legislación vigente, cualquier tipo de estrategia tendente a la negativa en los Archivos. El acceso y la transparencia estarán por encima de cualquier consideración.

B) De los procesos técnicos en archivos.

4ª    Es responsabilidad del Estado, a través de las Administraciones, que todas las organizaciones públicas cuenten con un Archivo y proporcionen a éstos los medios económicos y humanos.

5ª    Solicitamos la publicación de listas con las Series Documentales que los distintos organismos de la Administración consideran como “Clasificadas” y por tanto no accesibles.

6ª     Los archiveros necesitamos respaldos legales y marcos jurídicos mucho más claros. Así, nadie podrá pensar que es el criterio arbitrario de éstos quien decide sobre una consulta o una investigación.

C) De la Memoria Histórica

7ª    Los Archivos deben ser la primera plataforma para el conocimiento de la Memoria Histórica. Constituir la Comisión de Verdad y Justicia, la cual deberá contar con la herramienta fundamental que es el acceso a los archivos.

8ª    Solicitamos que el Gobierno y los Poderes públicos proporciones y apliquen medios suficientes a la Ley de la Memoria Histórica.

9ª    Solicitamos la desclasificación inmediata de todos los documentos históricos en las diecisiete Autonomías del Estado y en la Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

10ª   Solicitamos que esta desclasificación alcance a: los Archivos Militares, Archivos del Ministerio del Interior, Archivos Judiciales, Archivos Hospitalarios y Archivos de Maternidades.

11ª   Solicitamos que se garantice el acceso a los Archivos de la Iglesia con fines de investigación y Memoria Histórica.

12ª   Reivindicamos el papel forense de los Archivos como fedatarios de los hechos a través del contenido de los documentos.

13ª   Por último, pedimos que el próximo año volvamos a reunirnos para celebrar las: II Jornadas sobre El Papel de los Archiveros y los Archivos en la Defensa de los Derechos Humanos y de la Memoria Histórica”

Luis Miguel Rodríguez Pallares, bibliotecario de la Biblioteca San Francisco (Pamplona)