Con el paso de los años, y de las versiones, AlbaláNET ha ido incorporando una serie de funcionalidades nuevas con el objetivo de satisfacer las necesidades del trabajo archivístico. Algunas dentro del marco legislativo, como la de dar respuesta a la Ley Orgánica de Protección de Datos y otras para responder al cada vez más complejo y variado trabajo con los documentos de archivo.

Estas funcionalidades y novedades han venido marcadas por la necesidad de dar respuesta a un contexto más variado y amplio, tanto funcional como tecnológico, destacando:

• Dar respuesta al trabajo en archivos de oficina/administrativos (abordar no solo al Archivo Histórico, punto de partida de Albalá).
• Dar respuesta a los nuevos soportes: documentos digitales.
• Dar respuesta a nuevas necesidades de  visualización/publicación/difusión de los fondos documentales resguardados.

La única forma cien por cien legal de poder almacenar el histórico de préstamos de un lector es que se utilice la fórmula que la propia LORTAD propone, que es desarrollar una ley o normativa específica que contemple la conservación de esos datos y describa las condiciones y limitaciones.

El problema es que para los datos del histórico personal de préstamos nadie ha legislado en España al respecto. Hay algún país europeo, como Bélgica, en el que, aunque están sometidos a la misma directiva europea que nosotros, han utilizado la posibilidad que esta misma propone, que es desarrollar una normativa específica para amparar esta conservación de datos con una serie de limitaciones.

La postura de Baratz en el desarrollo de sus productos integrales de gestión de bibliotecas (Absys y absysNET) en cuanto a la conservación del histórico de préstamos siempre ha sido restrictiva desde la aparición de esta normativa. Esta postura no se adoptó porque fuera técnicamente compleja la conservación de los datos personales, ya que Absys lo guardaba en sus primeras versiones, sino por una cuestión legal, a raíz de una serie de informes jurídicos solicitados tanto a nuestros abogados como a los servicios jurídicos del Ministerio de Cultura.